LAS GUERRAS DE ESPAÑA E INGLATERRA POR LAS MALVINAS
Las islas son incluidas en mapas españoles desde 1502. El 7 de abril de 1502 Américo Vespucio, divisó un archipiélago que podrían ser las Malvinas. El primer mapa específico de las islas fue realizado en 1520 por Andrés de San Martín, tripulante de la expedición de Magallanes. El 4 de febrero de 1540 un barco español capitaneado por Alonso de Camargo llegó a las islas Malvinas y permaneció en el archipiélago hasta el 3 de diciembre del mismo año.
El gobierno británico insistió hasta bien entrado el siglo XX que John Davis descubrió las islas en 1592 y fundamentó en eso sus derechos de soberanía. Sin embargo, el gobierno y los historiadores británicos modernos reconocen que John Davis no descubrió las islas. En 1592, fecha del supuesto descubrimiento de John Davis, las islas ya aparecían en numerosos mapas españoles.
En 1749 el Almirantazgo británico, organiza una expedición con el objetivo aparente de hacer descubrimientos en los mares de América del Sur y efectuar un relevamiento de las costas de Malvinas. Sin embargo, el verdadero propósito de la expedición era establecer una base naval para atacar al comercio español y a los territorios hispanoamericanos. El proyecto llegó a oídos del embajador de España, quien protestó de inmediato. España negó la solicitud británica por razones de conveniencia y por considerar falso el argumento del interés científico. Ante la persistente negativa de España, el gobierno británico aceptó cancelar la expedición. Durante este incidente diplomático no se discutió la cuestión del derecho de soberanía sobre las islas; se discutió si los británicos tenían derecho a navegar libremente por los mares del sur. La presentación del proyecto al gobierno español demuestra que el Reino Unido era consciente de que los tratados vigentes le impedían navegar por esas regiones. También reconocían la soberanía española de las islas y por esa razón disfrazaron su expedición con un pretexto científico.
El 2 de abril de 1767 Felipe Ruiz Puente toma posesión en nombre de la corona española del archipiélago de las islas Malvinas. Poco después, y ante los rumores de que los ingleses habían fundado una colonia en la isla occidental, España envía una escuadra al mando de Juan Ignacio Madariaga, así como órdenes al gobernador de Buenos Aires para que evite usurpaciones a sus derechos.
El 28 de noviembre de 1769, el oficial inglés a cargo de la guarnición en la isla Trinidad, observó una goleta española en las cercanías. Envió al comandante español Fernando de Rubalcava un mensaje pidiendo su retirada. Un intercambio de cartas prosiguió donde cada parte afirmó la soberanía de las islas y exigió la retirada del otro, considerándolo «usurpador». El inglés afirmaba que las Islas Malvinas pertenecían al Reino Unido e insistía con la retirada española. España siempre protestó los intentos de exploraciones británicas en la zona alegando sus derechos al mar cerrado, que implicaba la prohibición de navegar por aquellas aguas. El inglés estaba al mando de la fragata HMS Tamar y contestó:
«las islas pertenecen a Su Majestad Británica, mi amo, por derecho de descubrimiento, así como por ocupación»
También intimó el desalojo de los españoles en Puerto Soledad en un plazo de seis meses:
«en nombre de Su Majestad y Sus Órdenes, advirtiéndole que debe dejar estas islas, y para permitirle que pueda trasladar sus efectos, puede permanecer seis meses desde esta fecha, a cuyo término debe partir en consecuencia»
En vista de la situación, Bucarrelli, el gobernador de Buenos Aires, dio orden de expulsar por la fuerza a los ingleses. De nuevo parte de Montevideo el 11 de mayo, Juan Ignacio de Madariaga con La Escuadra del Rio de la Plata, compuesta por cuatro fragatas y un jabeque andaluz. En total sumaban 134 cañones y 1.500 hombres.
De camino a las Malvinas se desató un temporal que apartó la fragata de Madariaga del resto de la flota y no hubo más remedio que continuar en solitario, a la espera que el resto de los barcos se le unieran en Malvinas. El 4 de junio de 1770 fondeó en la bahía de Puerto Egmont (Puerto de la Cruzada) con la intención de ganar tiempo hasta la llegada del resto de la flota. Se puso en contacto con los británicos y estos lo amenazaron con atacarlo si no abandonaba el lugar. Madariaga ignoró las amenazas y, en cambio, envió un emisario con obsequios al gobernador. El emisario español tenía la misión de inspeccionar las defensas del fuerte. La estrategia le permitió a Madariaga tener el detalle preciso de las defensas británicas. Había 4 cañones de 12 libras más 2 cañones de 6 libras traídos de la fragata Favorite, armada a su vez con 20 cañones.
Madariaga ideó un plan para desembarcar a los hombres y tomar el fuerte por la retaguardia, pero con la llegada del resto de la flota, el 6 de junio, abandonó ese plan en favor de uno más sencillo. Confiando que la superioridad militar haría desistir a los británicos, sin llegar a un enfrentamiento armado, el 7 de junio intimó al capitán William Maltby y al comandante del fuerte, George Farmer, a evacuar el puerto o, caso contrario, se vería «precisado a obligarle con el cañón». Madariaga fundamentaba su demanda en el derecho internacional vigente, que impedía establecer colonias en esa parte del mundo sin el consentimiento del rey de España. Una vez más, los británicos rechazaron la intimación de los españoles e insistieron en que las islas les pertenecían. Madariaga respondió:
Si me dieren pruebas autenticas de que ejecutar breve, y buenamente este desalojo, pondré pacíficamente mis Tropas en tierra, y se tratará á las de Vms. con toda consideración y atención que corresponde a la buena armonía que subsiste entre nuestros Soberanos, y permitiere lleven Vms. consigo cuanto tengan en tierra.
Los británicos mantuvieron su rechazo al desalojo respondiendo que las ordenes de su corte les impulsaba a morir con honra en la acción, temiendo morir sin honra en Londres.
Decidido a llevar adelante su misión, y agotados todos los medios pacíficos, Madariaga dio la orden de comenzar el ataque. La batalla, sin embargo, debió posponerse por factores climáticos; un violento temporal de granizo y nieve asoló el archipiélago durante el 8 y 9 de junio. El 10 de junio, por la mañana, Madariaga movilizó a las fragatas Santa Bárbara y Santa Catalina junto al jabeque Andaluz para que ataquen a la fragata británica Favorite. El plan establecía que, una vez hundido el buque británico, Santa Bárbara y Santa Catalina comenzarían su ataque sobre el fuerte. Mientras tanto, las fragatas Santa Rosa e Industria desembarcarían las tropas y cañones para atacar el fuerte desde tierra, en palabras de Madariaga:
«al abrigo del humo de la cerrazón, y del espanto»
En cuanto los barcos españoles Santa Bárbara, Santa Catalina y Andaluz abrieron fuego sobre la Favorite, la artillería del fuerte respondió con unos pocos y desordenados cañonazos. El asentamiento inglés solo contaba con 10 cañones. La resolución de los oficiales británicos de pelear hasta el final no se mantuvo mucho tiempo. Desde el fuerte ondeó la bandera blanca y un oficial británico le solicitó la rendición a las fuerzas de tierra españolas, al mando del coronel Antonio Gutiérrez. 156 hombres rindieron sus armas el 10 de junio de 1770.
Los términos de la capitulación establecían que el fuerte y sus armas debían ser entregados al coronel Antonio Gutiérrez. Mientras se realizaba la evacuación, los británicos podían utilizar el alojamiento del fuerte e izar su bandera tanto en la Favorite como en el fuerte, aunque no tenían autorización a realizar actos jurisdiccionales. Los militares británicos fueron retenidos durante 20 días y luego se les permitió retornar a Inglaterra a bordo del Favourite y cuando la noticia llegó a Gran Bretaña se produjo una protesta pública. Los españoles renombraron el asentamiento como Puerto de la Cruzada y se hicieron cargo de la propiedad, quedando a cargo de un destacamento español.
El 11 de agosto de 1771 Juan Ignacio de Madariaga llegó a Cádiz para informar a la corte española sobre las acciones en Puerto de la Cruzada y el exitoso desalojo de la guarnición británica. Pero para su sorpresa, la noticia fue recibida con preocupación por las autoridades españolas. Comprendieron que se encontraban en una disyuntiva: si avalaban la acción de Bucarreli, la guerra sería inevitable en cuanto los británicos tuviesen conocimiento del incidente. Si, por el contrario, desautorizaban la expedición, sus derechos sobre las islas se verían perjudicados.
Después que Francia se negase a respaldar a Madrid en una posible guerra, el tribunal español alegó que la incautación se había hecho sin la autorización de Carlos III y se ofreció a restaurar Puerto Egmont, tal como existía antes de ser desalojado. El Príncipe de Masserano, el embajador español en Londres, declaró, en nombre de su soberano, que no se habían dado órdenes particulares al gobernador de Buenos Aires, a pesar que el oficial había actuado con arreglo a sus instrucciones generales y juramento como gobernador; que las Leyes de Indias incluyen la expulsión de los extranjeros de los dominios españoles; y que estaba dispuesto a participar en la restauración de Puerto Egmont a los británicos, sin embargo cediendo cualquier parte de la reivindicación de Su Católica Majestad a las Islas Malvinas, siempre que el rey de Inglaterra a cambio repudie la conducta del capitán Hunt de pedir la expulsión de los españoles en Puerto Soledad, que habían dado lugar a las medidas adoptadas por Bucareli. Las declaraciones del embajador fueron aleccionadas por el Ministro español Jerónimo Grimaldi para evitar la posible guerra.
Lord Rochford, encargado británico del departamento del Norte, le escribió a Masserano diciendo que «parece imposible que Bucarelli hubiese tomado sobre si un acto tan violento sin órdenes de la corte», concluyendo que si España quería la paz, «podía desaprobar la conducta de Bucarelli, castigarle y volver a poner los ingleses en el paraje en que estaban».
El acuerdo finalmente se llevó a cabo el 15 de septiembre de 1771, seis meses después del desalojo, con el restablecimiento de la situación que existía antes del combate de Puerto Egmont. En la Declaración Masserano – Rochford, la corona española se comprometía a:
dar órdenes inmediatas, a fin de que las cosas sean restablecidas en la Gran Malvina en el Puerto denominado Egmont exactamente al mismo estado en que se encontraban antes del 10 de junio de 1770. (…) El compromiso (…) de devolver a S.M. Británica el Puerto y Fuerte de Puerto Egmont no puede ni debe afectar, de ninguna forma, la cuestión del derecho anterior a la soberanía de las Islas Malvinas también llamadas Falkland.
En abril de 1772 tres fragatas británicas reocuparon el asentamiento, y las fuerzas españolas asentadas en el lugar se retiraron. Los británicos recibieron también una declaración donde el rey español Carlos III rechazó la incursión de Puerto Egmont para que se vea salvaguardado su honor.
Durante cuatro años convivieron en las islas dos poblaciones de dos países. Según la historiografía británica, ellos se retiraron de las islas en virtud de un sistema de reducción de gastos en 1774, aunque mayoritariamente se afirma que fue en cumplimiento del pacto secreto con España. Tras abandonar las Malvinas, los británicos dejaron allí una bandera británica y una placa reclamando la soberanía del archipiélago para su rey. En 1775 el capitán Juan Pascual Callejas retiró la placa británica de Puerto Egmont, enviándola a Buenos Aires
Con la creación del virreinato del Río de la Plata, en 1776, todos los gobernantes de Buenos Aires cuidaron que el Reino Unido no se asentase en las islas. Los españoles ocuparon Puerto de la Cruzada durante la Guerra anglo-española en 1779. En 1780, siguiendo instrucciones del virrey Juan José de Vértiz y Salcedo, se destruyó por completo las instalaciones.
La placa conservada en Buenos Aires sería capturada por los británicos durante la primera invasión inglesa al Río de la Plata en 1806 y llevada a Londres.
España finalmente abandonó Puerto Soledad en 1811, tras la revolución de mayo que suponía la independencia de España. Como la Banda Oriental no se adhirió a la junta de Buenos Aires y permaneció bajo control español, las autoridades de Montevideo deciden retirar el establecimiento en las Malvinas por su baja utilidad y los elevados costos de conservación. Allí se dejó una placa proclamando la soberanía española sobre el archipiélago. Placa que, bien ingleses, o los argentinos ya independizados, quitaron.