LA AUDIENCIA DE MÉXICO
La fundación de la Real Audiencia de México mediante la cédula real de 1527 marca uno de los hitos más trascendentales en la historia administrativa y política del Imperio Español en América. No fue solo la creación de un tribunal de justicia; fue el primer intento serio de la Corona por arrebatarle el control absoluto a los conquistadores y establecer un Estado de derecho (bajo los estándares de la época) en Hispanoamérica.
Tras la caída de Tenochtitlan en 1521, el territorio de la Nueva España quedó bajo el mando casi absoluto de Hernán Cortés. Aunque Carlos I lo nombró Gobernador y Capitán General en 1522, la Corona española siempre albergó una profunda desconfianza hacia los conquistadores. El temor a que Cortés se convirtiera en un señor feudal independiente era una preocupación constante.
Entre 1521 y 1527, la administración de la Nueva España fue caótica. Los oficiales reales (tesoreros, contadores) se enfrentaban a Cortés y la justicia, en algunos casos, era aplicada de forma arbitraria. Ante este panorama, el Rey Carlos I comprendió que se necesitaba una institución civil y colegiada que representara directamente la autoridad real.
El 13 de diciembre de 1527, mediante una real cédula firmada en Burgos, se decretó formalmente la creación de la Real Audiencia de México. Sus miembros llegaron a la Nueva España a finales de 1528.
La Real Audiencia era el máximo tribunal de justicia en las Indias, pero sus funciones excedían por mucho lo meramente judicial. Se trataba de un órgano colegiado compuesto por un Presidente y varios magistrados denominados oidores (porque su función era «oír» a las partes en conflicto).
El mandato oficial era claro; Poner orden en la administración de las finanzas reales, limitar el poder de Hernán Cortés, establecer un sistema legal para la asignación de encomiendas y asegurar el trato justo a los indígenas, tal y como ordenaban las Leyes de Burgos.
A diferencia de los tribunales modernos, la Audiencia era una institución híbrida; actuaba como corte de apelación, asesoraba al Virrey en asuntos de Estado y, en ausencia del gobernante principal, la Audiencia asumía el control total del territorio.
Su existencia garantizaba que ninguna sola persona (ni Cortés, ni más tarde los Virreyes) tuviera poder absoluto. Los oidores podían escribir directamente al Rey denunciando al Virrey si este se extralimitaba.
La Audiencia fue diseñada como el brazo de hierro de la burocracia española. Sus funciones se dividían en judiciales, administrativas y legislativas:
El juicio de residencia fue un importante procedimiento de control al que eran sometidos los altos funcionarios de la Corona (como virreyes, gobernadores, y corregidores) al finalizar su mandato, especialmente en los territorios de las Indias.
Su propósito principal era supervisar su gestión, prevenir la corrupción y los abusos de poder, y garantizar que hubieran actuado conforme a la ley durante su administración.
Obligatorio y público: Todo funcionario, al término de su cargo, debía someterse a este proceso. Era un procedimiento público y cualquier persona, incluyendo a los nativos, podía presentar quejas o denuncias contra el funcionario saliente.
Permanencia obligatoria: El nombre del juicio proviene de la obligación del funcionario investigado de permanecer («residir») en el lugar donde había ejercido su cargo mientras duraba la indagación.
Proceso: Un juez de residencia, usualmente el sucesor en el cargo u otro oficial designado, se encargaba de la pesquisa. Se oían las acusaciones y descargos, y la sentencia final, que podía tener un gran impacto en la carrera del encausado, era apelable ante el Consejo de Indias.
Periodicidad: Para los oficios perpetuos, el juicio debía realizarse cada cinco años.
Protección de Indígenas: Tenía la obligación de atender las quejas de los nativos contra los encomenderos.
Real Acuerdo: Eran reuniones donde la Audiencia y el gobernante tomaban decisiones de urgencia que tenían fuerza de ley.
Control de la Iglesia: Ejercían el «Patronato Real», supervisando que las bulas papales no contradijeran las leyes de la Corona antes de ser publicadas.
La Primera Audiencia liderada por Nuño de Guzmán fue un desastre humanitario y político. No pudieron contener las ganas de venganza de las tribus aliadas, por lo que los derrotados mexicas de Tenochtitlan fueron esclavizados masivamente y confiscadas sus propiedades.
Este periodo se conoce como uno de los más oscuros de la Nueva España. La corrupción era tal que los oidores se dedicaron al comercio ilícito y a la venta de justicia. La situación llegó a tal extremo que el primer obispo de México, Fray Juan de Zumárraga, tuvo que excomulgar a los oidores y enviar cartas secretas al Rey escondidas en barriles de aceite para denunciar las atrocidades.
Ante las noticias de los abusos, el Rey disolvió la primera Audiencia y nombró una Segunda Audiencia (1530-1535), compuesta por hombres de gran rectitud moral e intelectual, como Vasco de Quiroga. Esta es considerada la «época de oro» de la Audiencia.
Presidente: Sebastián Ramírez de Fuenleal. Era obispo de Santo Domingo y un jurista experimentado.
Oidor: Vasco de Quiroga. El más famoso de todos; más tarde sería obispo de Michoacán, conocido como «Tata Vasco» por su defensa de los indígenas.
Oidor: Juan de Salmerón. Antiguo alcalde mayor de Castilla del Oro; un administrador muy eficiente.
Oidor: Alonso de Maldonado. Tuvo un papel clave en la pacificación y más tarde fue presidente de la Audiencia de Guatemala.
Oidor: Francisco Ceynos. El más longevo en el cargo; sirvió a la Corona en México durante más de 30 años.
Esta segunda etapa fue la que realmente cumplió con los objetivos de 1527; Pacificó el territorio y restableció la paz entre las facciones de conquistadores. Fundó pueblos para españoles que no tenían encomiendas y preparó el camino para el Virreinato. Fue la Segunda Audiencia la que organizó la logística para recibir al primer virrey, Antonio de Mendoza, en 1535.
Los oidores no eran solo jueces, tenían prohibiciones muy estrictas para evitar la corrupción; No podían casarse con mujeres de la jurisdicción donde trabajaban sin permiso del Rey. No podían ser padrinos de bautizo ni asistir a bodas o entierros privados para evitar favoritismos. No podían poseer tierras ni negocios comerciales en el territorio de la Audiencia.
Con el tiempo, la Audiencia de México creció en número, llegando a tener hasta 10 oidores y fiscales especializados, uno para asuntos civiles y otro para criminales.
Tres de los casos más famosos que la Audiencia tuvo que resolver:
1/ El Juicio de Residencia a Hernán Cortés (1526-1547).
Aunque empezó antes de la fundación formal de la Audiencia de 1527, fue esta institución la que tuvo que lidiar con los coletazos de este larguísimo proceso.
Los Cargos: A Cortés se le acusó de todo: desde asesinar a su primera esposa (Catalina Juárez) hasta quedarse con el tesoro de Moctezuma y abusar de los indígenas.
El Papel de la Audiencia: Durante años, la Audiencia fue el escenario de una guerra de documentos. Los oidores recolectaron miles de páginas de testimonios de enemigos de Cortés.
La Resolución: El caso fue tan complejo que nunca tuvo una sentencia definitiva única. Sin embargo, la Audiencia logró su objetivo político: neutralizar a Cortés. Gracias a este proceso legal infinito, el conquistador nunca volvió a recuperar el mando político de la Nueva España y murió en España intentando limpiar su nombre.
2. El Juicio por Traición de Martín Cortés (1566)
Este es, sin duda, el caso más escandaloso del siglo XVI. Involucró a Martín Cortés, el hijo legítimo de Hernán Cortés y segundo Marqués del Valle de Oaxaca.
El Conflicto: Los hijos de los conquistadores (criollos) estaban furiosos porque la Corona había promulgado las Leyes Nuevas, que prohibían que las encomiendas y sus riquezas se heredaran perpetuamente. Sentían que el Rey les estaba robando lo que sus padres habían ganado.
La Acusación: Se acusó a Martín Cortés y a los hermanos Alonso y Gil González de Ávila de planear una rebelión para coronar a Martín como Rey de México, independizándose de España.
La Actuación de la Audiencia: Tras la muerte repentina del Virrey Velasco, la Audiencia asumió el gobierno. Actuaron con una dureza implacable; Ordenaron el arresto inmediato de los conspiradores y La Audiencia condenó a muerte a los hermanos Ávila. Fueron decapitados públicamente en la Plaza Mayor de la Ciudad de México como advertencia. Martín Cortés se salvó de la ejecución tras pagar una fortuna, pero fue desterrado a España de por vida. La Audiencia demostró que su lealtad estaba con el Rey de España, no con los intereses de las familias poderosas de la Nueva España.
3. El «Golpe de Estado» contra el Marqués de Gelves (1624)
Este caso es único porque muestra a la Audiencia enfrentándose directamente a la máxima autoridad: el Virrey.
El Conflicto: El Virrey, el Marqués de Gelves, era un hombre autoritario que intentó combatir la corrupción de forma violenta. Entró en un conflicto personal y legal con el Arzobispo Juan Pérez de la Serna.
La Crisis: El Virrey intentó arrestar al Arzobispo, lo que provocó que este excomulgara al Virrey y pusiera a la ciudad bajo «entredicho» (prohibición de ritos religiosos). El pueblo, instigado por el clero, se amotinó y asaltó el Palacio Real.
La Intervención Judicial: Los oidores (jueces) de la Audiencia, que también odiaban al Virrey por sus modos dictatoriales, tomaron una decisión legal extrema: declararon que el Virrey estaba «impedido» para gobernar y lo destituyeron de facto.
El Resultado: La Audiencia asumió el poder total de la Nueva España durante meses hasta que llegó un reemplazo de España. Fue una de las pocas veces en que el poder judicial logró «derrocar» legalmente a un representante directo del Rey.
La creación de la Real Audiencia de México en 1527 fue la herramienta con la que la Corona española logró civilizar la conquista. No solo resolvía pleitos de tierras o robos menores; su verdadera prueba de fuego ocurría en los casos que ponían en riesgo la estabilidad de la Corona en América. Gracias a ella, México no se fragmentó en señoríos feudales independientes, sino que se mantuvo integrado bajo una estructura jurídica centralizada. La institución sobrevivió casi tres siglos, convirtiéndose en el pilar de la estabilidad política de la Nueva España.
